Los incentivos regionales como instrumento de desarrollo local


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	LOS INCENTIVOS REGIONALES COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO LOCAL Luis Díez Martín. Subdirector de Incentivos Regionales. Dirección General de Políticas Sectoriales. Ministerio de Economía.
Hay una versión más moderna de este artículo en Cuadernos de Gestión Pública Local L En la jornada de hoy han tratado, y van a seguir tratando, las líneas de acceso de las Corporaciones Locales a los Fondos Estructurales para conocer las posibilidades de los mismos en orden a financiar determinadas actuaciones. En esta ponencia vamos a cambiar de registro porque lo que intentaremos es situarnos respecto de las limitaciones que tenemos para ayudar o incentivar la instalación de empresas en zonas determinadas del territorio. Ayudas que pueden estar cofinanciadas con Fondos Estructurales. Aunque no conozco ningún supuesto en que una Corporación Local tenga una línea específica de ayudas a la inversión empresarial en su ámbito territorial, más adelante comprenderán las dificultades de la gestión de la autorización expresa por parte de la Comisión de la Unión Europea, lo cierto es que las actuaciones tanto de la Comunidad Autónoma como de la Administración General del Estado se reflejan en un territorio y ustedes deben conocer las posibilidades que ofrecen para el desarrollo local. Pero la falta de una línea de ayudas no excluye que con determinadas acciones las Corporaciones Locales estén ayudando a una empresa sin conocer las implicaciones que esa ayuda tiene en relación con otras que pudieran concederse y su tratamiento en la regulación comunitaria. Por todo ello esta ponencia tiene como objetivo tratar de transmitirles el contexto en el que es posible conceder ayudas para finalmente explicar como funciona en nuestro país el sistema de incentivos regionales que gestiona la Administración General del Estado. 1. MARCO COMUNITARIO La base de la política comunitaria sobre ayudas estatales se recoge en el apartado 1 del artículo 87 (antiguo 92) del Tratado. Dicho artículo establece que, en principio, las ayudas estatales son incompatibles con el mercado común. El artículo 88 confiere a la Comisión la tarea de control de las ayudas estatales y exige asimismo a los Estados miembros que informen a la Comisión con antelación de cualquier proyecto de concesión de las mismas. En primer lugar, hay que tener claro qué medidas de los Estados miembros tienen o pueden tener la consideración de ayudas. Para ello el citado artículo establece los requisitos que debe cumplir: Implicar una transferencia de recursos estatales, ya sean del presupuesto nacional, regional o local (o una disminución en la recaudación como en el caso de los beneficios fiscales). Suponer una ventaja económica que la empresa no habría obtenido en el desempeño normal de su actividad. Tener carácter selectivo, a diferencia de las medidas generales aplicadas automáticamente a todos los sectores de actividad de un Estado miembro. Tener efectos sobre la competencia y los intercambios comerciales entre Estados miembros 1.1 Excepciones a la prohibición de las ayudas estatales En los apartados 2 y 3 del artículo 87 se especifican una serie de casos en los que, o bien se considera que la ayuda es compatible con el mercado común (apdo.2, las de carácter social, desastres naturales), o que puede considerarse compatible con el mercado común (apdo.3). En este último caso se inscriben las ayudas con finalidad regional. Pero como estas ayudas deben tener en cuenta las condiciones en las que la Comisión autoriza otro tipo de ayudas y pueden existir limitaciones -también establecidas por la Comisión- de carácter horizontal o sectorial, siempre es conveniente tener un cuadro general de todas las excepciones al criterio general de prohibición de ayudas estatales, así como su regulación. Se pueden distinguir tres categorías diferentes de excepciones con arreglo a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87: A) Ayudas regionales Tanto la letra a) como la letra c) del apartado 3 del artículo 87 ofrecen una base que permite la autorización por la Comisión de la Unión Europea de las ayudas estatales destinadas a hacer frente a problemas regionales: La letra a) del apartado 3 del artículo 87 se aplica a las ayudas estatales destinadas a favorecer el desarrollo de "regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo". Dicho artículo se centra pues en las regiones desfavorecidas en comparación con la media de la UE. La posibilidad de acogerse a la letra a) del apartado 3 del artículo 87 se otorga en función de un criterio definido a escala comunitaria (regiones NUTS II con un PIB/cápita en paridad de poder de compra inferior al 75% de la media comunitaria). La letra c) del apartado 3 del artículo 87 cubre las "ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas regiones económicas". Dicho artículo brinda a los Estados miembros la posibilidad de ayudar a regiones desfavorecidas en comparación con la media nacional, mientras que la letra a) establecía la comparación en términos comunitarios. La Comisión decide asimismo la lista de regiones que pueden acogerse a esta excepción aunque a propuesta de los Estados miembros, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en las Directrices sobre ayudas con finalidad regional (regiones o partes de regiones pero utilizando siempre la misma unidad geográfica que, utilizando indicadores estadísticos, estén en peor situación). Los criterios utilizados en la evaluación de las ayudas regionales se han reunido en dos documentos: el más importante es el referido a las "Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional", pero siempre hay que tener en cuenta, en segunda instancia, las "Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión". Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional Estas Directrices, publicadas en el D.O.C.E. de 10 de marzo de 1998, (documento 98/C 74/06), recogen los principios de coordinación de estas ayudas de Estado y establecen los criterios que han de cumplir las regiones para poder acogerse a las dos excepciones contempladas en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado de Amsterdam. También determinan el objeto, modalidad y nivel de las ayudas en todo el ámbito comunitario, por lo que vienen a ser el marco legal de las mismas. En ellas se establecen los criterios para que la Comisión pueda aprobar dónde, qué, cómo, hasta cuándo y cuánto como máximo. De acuerdo con los criterios recogidos en las Directrices, la Comisión confecciona el mapa de las regiones de los Estados miembros que pueden beneficiarse de la excepción de la letra a), determinando los límites de intensidad de las ayudas. Asimismo establece el techo máximo de población que en cada país puede acogerse a la excepción de la letra c). Estos mapas nacionales, autorizados por la Comisión, en principio tienen una duración determinada y, por tanto, se revisan periódicamente. El que se encuentra en vigor en la actualidad para todos los Estados de la Unión Europea, tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2006. Las Directrices serán revisadas por la Comisión en un plazo de cinco años desde su aplicación, e incluso podrán ser modificadas en cualquier momento si ello resulta conveniente por motivos de política de competencia o para tener en cuenta otras políticas comunitarias y compromisos internacionales, lo que les otorga un carácter de instrumento vivo y flexible que no entorpezca, sino que ayude al cumplimiento de sus fines. Los Estados miembros pueden establecer ayudas regionales bajo la forma de ayuda a la realización de una inversión productiva (inversión inicial) -que se calculan en porcentaje sobre el valor de la inversión- o a la creación de empleo ligada a una inversión. Excepcionalmente, también pueden autorizarse ayudas de funcionamiento en regiones de la letra a), que son las destinadas a reducir los gastos corrientes de las empresas, pero serán siempre limitadas en el tiempo y decrecientes, salvo las destinadas a compensar parte de los costes adicionales de transporte en regiones ultraperiféricas o de baja densidad de población. En el DOCE de 9 de septiembre de 2000 se publicó una modificación de las Directrices en aplicación del art. 299 del Tratado, una vez que fue ratificado por los Estados miembros en su versión Amsterdam, para aceptar que en las regiones ultraperiféricas podían concederse este tipo de ayudas sin la condición de que fuesen decrecientes ni limitadas en el tiempo. Para garantizar que las inversiones productivas subvencionables son viables y cuentan con una base financiera, se exige una aportación mínima del beneficiario destinada a su financiación. En lo referente a su modalidad, comprende cualquier tipo de ayuda de Estado: subvención, préstamo a tipo reducido o bonificación de intereses, garantía o adquisición pública de participaciones en condiciones ventajosas, exención fiscal, reducción de las contribuciones sociales, adquisición de bienes o servicios a precios ventajosos, etc... Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión Estas Directrices, publicadas en el D.O.C.E. de 7 de abril de 1998 (documento 98/C 107/05), con un periodo de prueba inicial de tres años, tratan de evitar, en la medida de lo posible, los efectos sectoriales potencialmente desfavorables para este tipo de proyectos, sin menoscabar la aplicación de las excepciones del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. De acuerdo con estas Directrices, los proyectos de inversión que: el coste mínimo total sea de 50 millones de euros, siempre que la intensidad acumulada de ayuda -expresada en porcentaje de los costes de inversión subvencionables- sea, como mínimo, del 50% del límite máximo de ayuda regional a grandes empresas en la zona en cuestión, y exista una ayuda por puesto de trabajo creado o conservado que ascienda a un mínimo de 40.000 euros. el importe total de la ayuda sea, como mínimo, 50 millones de euros. requieren notificación previa a la Comisión, la cual determinará la intensidad máxima de ayuda por cada proyecto mediante una fórmula de cálculo contenida en las propias Directrices, que tiene encuenta tres criterios: factor de competencia (situación del mercado del producto de que se trate y posición del producto dentro de ese mercado), relación capital-empleo (intensidad del capital) e incidencia regional (medida a través de los empleos indirectos). B) Normas horizontales Las normas aplicables a todos los sectores u "horizontales" definen la postura de la Comisión en relación con categorías de ayudas específicas destinadas a resolver los problemas que puedan surgir en cualquier sector o región. Hasta la fecha, la Comisión ha adoptado "Encuadramientos" o "Directrices" en los que se fijan los criterios aplicados a los siguientes tipos de ayuda: Ayudas en favor de las pequeñas y medianas empresas: El Reglamento relativo a estas ayudas, publicado en el D.O.C.E. de 13 de enero de 2001, (Reglamento CE Nº 70/2001), en vigor desde el pasado 2 de febrero de 2001, abolió las antiguas Directrices. Permite acogerse a la exención de la obligación de notificar las ayudas concedidas a este tipo de empresas, siempre que no se encuadren en ningún régimen y cumplan las condiciones establecidas. Cubren todas las ayudas estatales, en todos los sectores, destinadas a financiar la inversión material e inmaterial realizada por las PYME, excepto en el sector de transformación y comercialización de los productos agrarios del Anexo I del Tratado y, como siempre las ayudas destinadas a apoyar la exportación que se cuantifiquen en función del volumen exportado. Intensidades máximas de ayuda permitidas expresadas en términos brutos: Regiones no asistidas: Pequeñas empresas 15%; Medianas empresas 7,5% Regiones de la letra a): incremento de 15% sobre el tope regional, con un máximo del 75% en términos de Subvención Neta Equivalente (SNE). Regiones de la letra c): incremento del 10% sobre el tope regional con un máximo del 30% SNE. Ayudas de investigación y desarrollo: Se autorizarán de acuerdo al Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, publicado en el D.O.C.E. de 17 de febrero de 1996 (documento 96/C 45/05). Este tipo de ayudas cubre los siguientes conceptos: Investigación de base: la destinada a la ampliación de conocimientos generales no ligados a objetivos industriales o comerciales, con resultados ampliamente difundidos. La ayuda puede llegar a alcanzar una intensidad bruta del 100% de la inversión. Investigación industrial: su objetivo es la adquisición de conocimientos que puedan ser útiles para el desarrollo de nuevos productos o la mejora significativa de los ya existentes. En este caso el límite es el 50%, que puede incrementarse en los siguientes porcentajes y supuestos: PYME (10%), regiones art. 87.3 (10% en la letra a y 5% en la letra c), proyectos vinculados a un programa marco comunitario (15%) o que implique cooperación fronteriza (10%), hasta llegar a un máximo del 75%. Actividad de desarrollo precompetitiva: supone la materialización de los resultados de la investigación industrial, incluida la comercialización de un primer prototipo no comercializable. La intensidad aquí llega al 25%, aunque también puede incrementarse en los supuestos y porcentajes señalados para la investigación industrial, hasta alcanzar el 50% como máximo. Ayudas en favor del medio ambiente: Pueden considerarse compatibles las concedidas en las condiciones establecidas en las Directrices comunitarias específicas para este tema, publicadas en el D.O.C.E. de 3 de febrero de 2001 (documento 2001/C 37/03). Incluye todos los sectores excepto el ámbito regulado por las Directrices comunitarias sobre ayudas del sector agrario. En cambio, sí se aplican a los sectores "sensibles" y a los de la pesca y acuicultura, sin perjuicio de la aplicación de su normativa específica. Estas ayudas van dirigidas a las medidas encaminadas a subsanar o prevenir los daños causados al medio físico o a los recursos naturales, así como a fomentar el uso racional de dichos recursos. Concede especial relevancia a las destinadas al ahorro energético y energías renovables, con ayudas que pueden llegar al 40% de los costes subvencionables. Además, establece puntos de ayuda adicionales para inversiones en regiones de las letras a), 10 puntos adicionales, y c), 5 puntos adicionales. También establece ventajas adicionales para PYME, con bonificaciones de 10 puntos y con ayudas transitorias durante tres años, desde la adopción de nuevas normas comunitarias obligatorias, para cumplirlas. Ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis: Se aplican los criterios contenidos en sus Directrices específicas, publicadas en el D.O.C.E. de 9 de octubre de 1999 (documento 1999/C 288/02). La Comisión velará para que no sean necesarias más que una sola vez. Además, prohibirá utilizar estas ayudas para el incremento neto de la capacidad de producción y, por lo general, exigirá que se reduzcan las capacidades instaladas. En principio, hay que notificar todos los regímenes de ayudas de este tipo, salvo las "de mínimis" (ayudas que no superen la cifra de 100.000 euros en tres años). En caso de tratarse de grandes empresas, la notificación será individual para cada ayuda concedida. Ayudas al empleo: Las Directrices se aplican a las ayudas para la creación y mantenimiento del empleo no vinculado a la inversión. Las de creación de empleo son las destinadas al empleo neto, es decir, puestos de trabajo adicionales con relación al efectivo de la empresa de que se trate. Las ayudas al mantenimiento del empleo son las otorgadas a una empresa para evitar que despida a los trabajadores que emplea. Las directrices no establecen un límite máximo preciso al importe o a la intensidad de la ayuda que va a concederse, pero ofrecen ciertas orientaciones al respecto y obligan a justificar su importe. Ayudas a las empresas en zonas urbanas desfavorecidas: Están sujetas a las Directrices publicadas el D.O.C.E. de 14 de mayo de 1997 (documento 97/C 146) y afectan a todas las empresas situadas en zonas urbanas que se consideren desfavorecidas, de acuerdo con los criterios fijados por las mismas. Sólo podrán beneficiarse de la ayuda las pequeñas empresas. Deberán realizar actividades dirigidas a los mercados locales. Su principal actividad económica deberá tener lugar en una zona urbana desfavorecida. Como mínimo el 20% de los empleos creados deberá reservarse a las personas domiciliadas en la zona. Intensidad máxima de ayuda: 26% de la inversión inicial o 10.000 euros por empleo creado. Ayudas a la formación: El Reglamento (CE) Nº 68/2001, de 12 de enero de 2001, permite la excepción de la obligación de notificación de estas ayudas, siempre que no se encuadren en ningún régimen y reúnan las condiciones exigidas. Se aplican a todos los sectores y contemplan de forma más favorable las destinadas a programas de formación, reciclaje y reconversión profesional de trabajadores desfavorecidos, con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre los límites establecidos. C) Normas sectoriales: La Comisión ha establecido asimismo normas específicas por sector o "sectoriales" en las que define su estrategia con relación a la concesión de ayudas a sectores concretos. "Sectores sensibles": Con el tiempo, se han ido adoptando normas especiales destinadas a una serie de sectores que venían registrando problemas económicos derivados de un exceso de capacidad productiva en el contexto comunitario y que, por lo tanto, se han considerado "sensibles". En la actualidad, dichas normas se aplican a los siguientes sectores: Sectores del carbón y el acero (Tratado CECA); Fibras sintéticas: sus Directrices, publicadas en el D.O.C.E. de 30 de marzo de 1996 (documento 96/C 94/07), han sido prorrogadas hasta el 31 de agosto del 2001; Vehículos de motor: las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a este sector publicaron en el D.O.C.E. de 15 de septiembre de 1997 (documento 97/C 279/01). Entraron en vigor el 1 de enero de 1998, con un periodo de vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga; y Construcción naval que, como en el caso del carbón y del acero, su regulación es muy prolija. Todos estos sectores tienen en común el hecho de que en algún momento han presentado problemas especiales que la Comisión Europea ha tratado de encauzar con soluciones homogéneas a través de sus respectivas normas específicas. Por esta razón las ayudas estatales dirigidas a estos sectores requieren siempre la notificación previa a la Comisión, para que ésta verifique la compatibilidad de las mismas con las normas de competencia del Tratado. Agricultura, pesca y acuicultura: Las normas generales sobre ayudas estatales no se aplican, o solo se aplican de forma limitada, a los sectores vinculados a la producción, transformación y comercialización de los productos relacionados con la agricultura y la pesca. Ello se debe a que hay que tener en cuenta los objetivos específicos de las políticas comunitarias en materia de agricultura y pesca. Los límites de intensidad de las ayudas son el 50% en regiones objetivo 1 (que en España coinciden con las de la letra a) del art. 87.3 del Tratado) y del 40% en otras regiones. No obstante como en estos casos intervienen el FEOGA y el IFOP, también se establecen límites a la intensidad de intervención de estos fondos estructurales y, en el caso de la pesca y la acuicultura, los límites de intensidad varían en función del carácter de la inversión (construcción y modernización de buques, acuicultura, primas por paralización temporal, etc…). Producción, transformación y comercialización de productos agrícolas Las Directrices que les afectan son las publicadas en el D.O.C.E. de 1 de febrero de 2000 (documento 2000/C 28/02), relativas al sector agrario. Se refieren a los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado de la Unión Europea. Están excluidas las ayudas al sector forestal, que serán objeto de Directrices independientes, como ya lo son las del sector de la pesca y acuicultura. Debido a las especiales características de la producción agrícola, cuando se trate de regiones desfavorecidas, no se aplicarán a este sector las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional, ni tampoco las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME. Los límites de ayuda, expresados en porcentaje bruto, son los señalados anteriormente (40% y 50% en regiones desfavorecidas), que pueden llegar al 45% y 55% si se trata de inversiones en explotaciones agrícolas efectuadas por jóvenes agricultores en sus primeros cinco años de actividad. Producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura Las Directrices se publicaron en el D.O.C.E. de 20 de enero de 2001 (documento 2001/C 19/05). A este sector tampoco se aplican la Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. Se contemplan las ayudas de carácter general (para la formación y asesoramiento, para la investigación y pesca experimental, para la promoción de productos y de nuevas salidas comerciales), a la pesca marítima, transformación y comercialización de productos pesqueros, equipamiento de los puertos, así como pesca en agua dulce y acuicultura. Transportes: Las normas generales sobre ayudas estatales cubren el sector del transporte por carretera (con una excepción: el material de transporte no puede beneficiarse de ayuda). Sin embargo, los demás sectores del transporte (por ferrocarril, aéreo, por vías navegables interiores y marítimo) no están sujetos a las normas generales. 1.2 Procedimientos de notificación y autorización El control comunitario de las ayudas estatales se basa en un sistema de autorización previa con arreglo al cual la Comisión determina si una medida de ayuda prevista por un Estado miembro puede acogerse a las excepciones del apartado 3 del artículo 87. En virtud del sistema mencionado: deberán notificarse a la Comisión cuando aún estén en fase de proyecto todas las medidas de ayuda nuevas o sus modificaciones. todas las ayudas concedidas sin previa notificación y sin haber sido autorizadas por la Comisión se considerarán ilegales y podrán estar sujetas a devolución si la Comisión las considera incompatibles con el mercado común. En principio, las ayudas notificadas por los Estados miembros se expresarán en términos brutos, es decir, antes de impuestos, con objeto de poder hacer comparaciones entre las distintas modalidades de ayudas y las intensidades correspondientes a los diferentes Estados miembros. La Comisión convierte las ayudas notificadas en subvención neta equivalente, conforme a un sistema de cálculo que se encuentra detallado en la Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional. Como excepción a la regla general de notificación de ayudas, hay que señalar que las de poca intensidad, denominadas "de minimis" (aquéllas que no superan la cifra de 100.000 euros en tres años), no requieren notificación, de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 69/2001, de 12 de enero de 2001, aunque en este caso, ya existía con anterioridad la exención a la obligatoriedad general de la notificación. Esta regla no se aplica al sector transportes ni a la transformación y comercialización de los productos agrarios del Anexo I, ni a los productos CECA, ni a la exportación, ni a primar la producción de productos nacionales. En el caso de ayudas a las PYMES y a la formación que se concedan con arreglo a lo establecido a los Reglamentos de exención que las regulan tampoco es necesaria la notificación aunque el Estado miembro está obligado a mantener registros de las ayudas durante 10 años y a informar a la Comisión. 1.3 Acumulación de ayudas Acumulación de ayudas concedidas bajo distintos regímenes de ayuda regional. El total de ayuda regional concedida debe respetar en todo momento los límites máximos de intensidad de las ayudas regionales aplicables a la región beneficiaria. El volumen total de ayuda regional abarca todas las ayudas en favor de un proyecto determinado concedidas bajo cualquier régimen de ayuda regional. A la hora de calcular el importe total de la ayuda, deberán tenerse en cuenta todas las ayudas regionales procedentes de las diferentes instancias públicas (locales, regionales, nacionales o comunitarias). Acumulación de las ayudas regionales con otras de distinta finalidad. Cuando los gastos subvencionables mediante ayudas regionales puedan acogerse parcial o totalmente a ayudas con distintas finalidades, la parte común de estos gastos quedará sujeta al límite de intensidad de ayuda más favorable de los regímenes de que se trate. 2. LOS INCENTIVOS REGIONALES EN ESPAÑA 2.1 Mapa en vigor (periodo 2000-2006) El actual mapa español de ayudas con finalidad regional autorizado por la Comisión, con la delimitación de las zonas elegibles y las intensidades máximas de estas ayudas (en términos de subvención neta equivalente), es el que se adjunta. El mapa resultante de la aplicación de la autorización comunitaria por parte de la Administración General del Estado, con sus respectivas delimitación es de zonas e intensidades máximas de ayudas, se adjunta a continuación. Como puede apreciarse, comparándolo con el mapa de ayudas autorizadas por la Comisión Europea, éste último abarca un número de regiones ligeramente mayor, pero eso no quiere decir que las zonas no recogidas en este marco estatal se encuentren desasistidas en el ámbito de las ayudas regionales, puesto que las Comunidades Autónomas también tienen sus propias líneas de incentivación regional, y con ellas vienen a cubrir la totalidad de las regiones autorizadas por la Unión Europea. 2.2 Marco legal La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, es la norma que regula el régimen de incentivos con finalidad regional concedidos por el Estado. El Reglamento de ejecución de la Ley fue aprobado por Real Decreto 1535/1987 de 11 de diciembre y en él se contemplan las líneas generales del sistema de acuerdo con la normativa comunitaria, pues el Reglamento ha sido objeto de sucesivas modificaciones para adaptarlo a ésta. La definición concreta de las zonas de aplicación y de los límites máximos de incentivación, así como de los requisitos específicos sobre sectores económicos, inversiones subvencionables y condiciones, se encuentran recogidos en los Reales Decretos de delimitación de las diferentes zonas (uno para cada Comunidad Autónoma), que se comenzaron a publicar en 1988, habiendo sufrido desde entonces las modificaciones necesarias para su adaptación a las sucesivas autorizaciones comunitarias. 2.3 Instrumentos de incentivación Aunque la normativa deja abierta la posibilidad de utilizar varios instrumentos de incentivación, en los Reales Decretos de delimitación de zonas de promoción se ha optado exclusivamente por la subvención a fondo perdido, expresada como porcentaje de la inversión subvencionable proyectada. 2.4 Los sectores promocionables En los Reales Decretos de delimitación se definen los sectores que son promocionables: industrias extractivas y transformadoras, particularmente las de tecnología avanzada, industrias agroalimentarias y de acuicultura, servicios de apoyo a la industria y los que mejoren significativamente las estructuras comerciales y alojamientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio. No obstante, excepcionalmente, previo informe del Consejo Rector, se pueden conceder incentivos regionales a proyectos que no estando incluidos en estos sectores contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo perseguidos. Asimismo, el Consejo Rector puede acordar restricciones sobre actividades incluidas teniendo en cuenta directrices de política económica. La definición de sectores es lo suficientemente amplia y flexible para asegurar la adaptación del sistema. En cualquier caso, deben seguirse las normas y criterios comunitarios indicados. 2.5 Proyectos promocionables Son promocionables los proyectos de creación de nuevos establecimientos, ampliación de una actividad ya establecida o iniciación de una nueva por la empresa solicitante, así como la modernización de las instalaciones, siempre que no se trate de una mera inversión de reposición. Los proyectos pueden suponer la creación de puestos de trabajo y, en los de modernización y ampliación, se tienen que mantener los niveles de empleo anteriores. La creación de empleo tiene repercusión en la intensidad de la ayuda que reciba el proyecto. En los de ampliación y modernización se exige un aumento relevante de la productividad y que la inversión sea significativa en relación con las amortizaciones contables de la sociedad. 2.6 Inversión subvencionable Se consideran inversiones incentivables las realizadas dentro de los siguientes conceptos: Activos fijos nuevos de primer uso. En este concepto se incluyen: el terreno necesario para la realización del proyecto, las infraestructuras, obra civil y bienes de equipo. En la valoración del terreno y la obra civil, el Consejo Rector ha establecido módulos que se actualizan periódicamente. Trabajos de planificación, ingeniería y, a su vez, la dirección facultativa de los trabajos. Los proyectos deben cumplir las siguientes condiciones: La inversión no debe iniciarse con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Como mínimo se requiere una autofinanciación de un 30% de la inversión aprobada. La autofinanciación se concreta en la exigencia de un determinado nivel de fondos propios en función del balance de la sociedad. Por último, el proyecto ha de ser viable técnica, económica y financieramente, para lo que es preciso que el solicitante aporte la máxima información sobre estos extremos. 2.7 Los órganos de gestión En la gestión de los incentivos económicos regionales participan el Consejo Rector, la Dirección General de Políticas Sectoriales, del Ministerio de Economía, y las Comunidades Autónomas afectadas. El Consejo Rector es el órgano que coordina la política de incentivos regionales con las restantes políticas económicas y acuerda los criterios de aplicación del sistema para que se adapte de manera flexible a los objetivos de desarrollo regional. Es el encargado de proponer por sí, o por delegación en Grupos de Trabajo, la concesión de incentivos a los proyectos que correspondan. Adscrito al Ministerio de Economía, tiene representación de los Ministerios de Administraciones Públicas, Hacienda, Economía (Turismo), Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Pesca y Alimentación, y Medio Ambiente. La Dirección General es la encargada de ejecutar, en el ámbito estatal, la política de incentivos regionales. Elabora los anteproyectos de normas que regulan la política de incentivos regionales, los notifica a la Comisión Europea cuando es preceptivo, informa sobre las líneas de ayuda de las Comunidades Autónomas o de la Administración General del Estado y hace el seguimiento del marco comunitario y de las variaciones del mismo que puedan incidir en el sistema de incentivos regionales español. Como órgano de apoyo del Consejo Rector, la Dirección General evalúa las solicitudes de incentivos regionales realiza el control y seguimiento de los proyectos para asegurar su buen fin en colaboración con las Comunidades Autónomas, gestiona el presupuesto para abonar las subvenciones concedidas y, finalmente, tiene competencias en materia de inspección. Asimismo, la Dirección General resuelve cuantas incidencias relativas al expediente de concesión surjan con posterioridad (cambios de titularidad, cambios de ubicación, modificación de la actividad, prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares), así como las modificaciones justificadas del proyecto inicial, siempre y cuando no supongan variación superior al 10% de los incentivos concedidos, del importe de la inversión aprobada o del empleo a crear. Si se supera este porcentaje, la modificación sigue la misma tramitación que un nuevo proyecto. Las Comunidades Autónomas tienen un importante papel cuando en su territorio exista una zona promocionable. En primer lugar, pueden tener su propia línea de ayudas, complementaria a la del Estado, y tienen además las siguientes funciones: promover en su territorio los incentivos regionales, colaborar con el Consejo Rector en la elaboración de la propuesta de delimitación de las zonas prioritarias en su territorio, informar de las ayudas financieras públicas que concedan, formar parte de los Grupos de Trabajo delegados del Consejo Rector (que evalúan los proyectos de inversión inferiores a 1.000 millones de pesetas), tramitar los expedientes de solicitud, y realizar el control y seguimiento ordinario de los proyectos para informar sobre el cumplimiento de las condiciones. 2.8 Criterios de evaluación El porcentaje de subvención sobre la inversión del proyecto se calcula en base a los siguientes criterios de evaluación: localización. (Municipio prioritario según Real Decreto de Delimitación de zona). tamaño del proyecto y empleo a crear. valor añadido, cuando el proyecto es de nueva instalación, o incremento de la productividad, en otro tipo de proyectos. interés tecnológico.Se tiene en consideración tanto la tecnología de proceso como la de producto.Para valorar el proyecto se analiza si en virtud del mismo la empresa va a incluirse en sistemas de calidad y el volumen de inversión actual o prevista en investigación y desarrollo. utilización de factores productivos de la zona. carácter dinamizador del proyecto en la economía de la zona. El proyecto se estudia, según su dimensión, por el Consejo Rector de Incentivos Regionales (inversión igual o superior a 1.000 millones de pesetas) o por los Grupos de Trabajo, que actúan por delegación del Consejo Rector. 2.9 Los órganos de concesión La concesión de los incentivos regionales corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, excepto los expedientes cuya inversión subvencionable supere los 1.000 millones de pesetas, en los que la concesión corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La notificación de la concesión corresponde a la Dirección General, mediante resolución individual que recogerá cualquier condición adicional a la de inversión subvencionable y empleo a crear que se considere oportuno establecer. Como norma general, en la resolución individual se establece el plazo para el cumplimiento de todas las condiciones (que se ajustan a los planes de inversión de las empresas), el empleo a mantener, en su caso, y los plazos intermedios para acreditar la realización de porcentajes de la inversión aprobada y para acreditar la disponibilidad de unos fondos propios que aseguren la viabilidad financiera del proyecto. La resolución debe ser aceptada expresamente en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la notificación y si la sociedad no está constituida dispone de cuatro meses para su constitución, prorrogables por otros cuatro por la Comunidad Autónoma. 2.10 Modificación de las condiciones Cualquier modificación del proyecto inicial ha de ser notificada a la Administración, porque cualquier disminución de la inversión aprobada y/o de los puestos de trabajo a crear, o cualquier modificación que implique cambios en los datos reseñados en la resolución individual, se consideraría incumplimiento de las condiciones establecidas y aceptadas, si no lleva consigo la expresa autorización de la Administración. 2.11 Liquidación de la subvención El pago de la subvención, se tramita cuando se ha realizado total o parcialmente la inversión y se han cumplido en tiempo y forma las condiciones parciales o totales establecidas en la resolución de concesión. Cualquier pago anterior al fin del plazo para cumplir todas las condiciones implica la constitución de un aval bancario a favor de la Administración que garantice la finalización del proyecto. La tramitación del pago de la subvención se inicia una vez comprobados tanto la ejecución de la inversión como el cumplimiento de las condiciones, y siempre que la documentación aportada sea la correcta. El cumplimiento de dichos extremos se justifica presentando los siguientes documentos: Certificado de la autoridad laboral competente relativo a la creación y mantenimiento de empleo. Certificado del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente sobre la ejecución de la inversión y el cumplimiento del plan de empleo y de las condiciones de la resolución. Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.