A la primera pregunta ¿Aprobó su presupuesto en euros para el 2002, aunque fuere solo inicialmente, antes del 31/12/2001?

Sólo ocho de los treinta municipios encuestados lo hicieron. Lo que supone que casi las tres cuartas partes, concretamente un 73,33% no lo aprobaron antes de esa fecha en la nueva moneda

Sin embargo hay que considerar este resultado en su justa medida. Aunque todos conozcamos la obligación legal de tener los presupuestos aprobados antes del 31 de diciembre, por diferentes motivos en muchos municipios esto no se cumple. No se puede imputar a la entrada del euro esta distorsión, aunque puede ser que en este ejercicio concreto sea una de los factores que influyan en su retraso.

Por lo tanto otros veintidós municipios no tenían a principios de año el instrumento de previsión de gastos e ingresos en vigor, por lo que entendemos que le sería de aplicación las disposiciones que para el caso del presupuesto prorrogado hemos desarrollado a lo largo de nuestra exposición.

A la siguiente pregunta ¿Actualizó sus ordenanzas en euros antes del 31/12/2001?, las dos terceras partes de los municipios encuestados habían realizado esta tarea a dicha fecha. Sólo un 33,33% no lo hizo.

Es importante porque creemos que con ello se han podido evitar cualquier tipo de reclamación, sobretodo de las ordenanzas fiscales, fundada en la falta de equivalencia entre los anteriores y posteriores elementos de la deuda tributaria.

Siendo una sana costumbre en las corporaciones locales la evaluación a final del ejercicio de la repercusión que el Índice de Precios al Consumo puede suponer, hemos considerado a lo largo de nuestro trabajo como muy conveniente haber aprovechado la adecuación de las ordenanzas al mismo para realizar toda la operación en euros. Creemos que en muchos de los casos así ha sido.

La siguiente cuestión versaba sobre la forma de llevar a cabo dicha adecuación.

Un 62% de los municipios encuestados y que habían adaptado las citadas disposiciones al euro, habían optado por convertir individualmente cada una de sus ordenanzas con la instrucción de su correspondiente expediente.

El resto se decantaron por adoptar un acuerdo global o singular en el que únicamente se redenominaban los importes de todas o algunas de sus ordenanzas y se expresaba su valor actual en euros.

Globalmente ¿Tenía sus aplicaciones informáticas adaptadas a la nueva moneda a 31/12/2001?.

Veintiuno de los veintinueve municipios que han respondido a esta cuestión lo han hecho afirmativamente. Sólo ocho no lo han hecho así.

Ha supuesto creemos el gran caballo de batalla. Un porcentaje muy elevado del trabajo en los entes locales se hace ya por vía informática. Que las aplicaciones informáticas estuvieran adaptadas para trabajar con la nueva moneda pensamos que ha sido el gran reto de este proceso. No solo a nivel de contabilidad como veremos más adelante, sino a todos los niveles la preocupación por tener el software de nuestros equipos informáticos listos, creo que ha sido un gran logro que hay que valorar en su justa medida.
Dentro de esta tesitura decir que sólo un dieciocho por ciento de los municipios encuestados han necesitado cambiar su equipo informático para llevar a cabo esta adecuación.

Entramos en el aspecto que quizás a los secretarios-interventores e interventores nos ha traído de cabeza desde que se inicio todo el proceso del cambio a la nueva moneda, la adaptación del programa de contabilidad.

A la pregunta de si se encontraba operativo, más o menos de forma satisfactoria, a 31/12/2001 su programa de contabilidad, han respondido afirmativamente veintitrés de los treinta encuestados y solo siete dijeron expresamente que no.

Parece ser por lo tanto que el esfuerzo que en este sentido han hecho las diferentes casas proveedoras ha surtido sus frutos. Que casi un 77% de las entidades locales contesten de manera satisfactoria supone un aprobado generalizado para las mismas.

Entrando ya en más detalle preguntamos: “en el traspaso de información contable ¿Se ha traspasado toda o solamente aquella que se entendía que podría ser útil?”.

Han respondido a esta cuestión veintiuno de los municipios encuestados siendo diez de ellos los que lo han hecho en su totalidad y once los que han incorporado sólo aquella información que les podía ser de utilidad.

Como vemos no ha habido un criterio que predomine por encima del otro. Prácticamente están iguales. Y es que el concepto de “Utilidad” en estos casos está muy ligado a consideraciones subjetivas de aquél llamado a tratar la información de que se trate.

Muy parecida ha sido la respuesta a la pregunta ¿Ha podido traspasar la información al nivel de detalle que hubiera deseado? El resultado es que doce Ayuntamientos han dicho que sí, mientras que el resto de lo que han contestado, que son once, han dicho que no.

En lo que se refiere a recursos humanos preguntamos ¿Ha requerido el proceso de conversión la contratación de algún tipo de personal?

Nos llama la atención porque es la única cuestión que ha sido contestada por el cien por cien de los ayuntamientos que han respondido a la encuesta y porque es la única que ha obtenido unanimidad. Ninguna de las corporaciones consultadas ha contratado nadie para el desarrollo de esta adaptación.

La verdad es que son muchos los sectores afectados y la ausencia de personal especializado para un tema transitorio como el que estamos tratando. Ello ha hecho que sean los propios funcionarios de los entes locales los que en la mayoría de los casos han sacado "las castañas del fuego" en este tema, bien asesorados en muchos casos con el apoyo de cursos de formación realizados con el citado fin.

Precisamente la siguiente pregunta creo que nos va a dar un poco la razón. Dice así ¿Ha necesitado de cursos de formación para el personal de su corporación?.
El ochenta por ciento de los municipios han respondido afirmativamente. Sólo seis de ellos manifiestan no haberlos necesitados.

Ya hemos manifestado la necesidad de un apoyo especializado que han demandado los Ayuntamientos sobre este tema.

Dentro de este campo a la pregunta de si los responsables administrativos a los que se ha dirigido la encuesta se consideraban suficientemente formados, más del setenta por ciento han manifestado estarlo.

En el aspecto económico se ha preguntado a los treinta Ayuntamientos que han respondido la encuesta si consideraban que el proceso de adaptación a la nueva moneda había supuesto un esfuerzo económico importante.

De los treinta que han respondido la cuestión, veintitrés lo han hecho negativamente. Sólo siete manifiestan lo contrario.

Sí queremos destacar en este sentido lo que consideramos un esfuerzo importante por las denominadas administraciones mayores, Estado, Comunidad Autónoma y Diputaciones.

Campañas informativas, cursos de formación, apoyo y asesoramiento de todo tipo han sido las líneas de actuación para garantizar que tanto los ciudadanos, como el resto de entes públicos y privados, se adapten al nuevo período económico con el mínimo número de problemas

Lo más complicado, pero quizás lo más correcto, habría sido analizar cada uno de los contratos y negocios jurídicos de nuestra entidad y redenominarlos a euros.

Preguntadas las treinta corporaciones, veintinueve son las que contestan. Lo hacen en sentido afirmativo sólo dos de ellas. En sentido contrario lo hacen veintisiete.

Creemos que era una tarea ardua y complicada. De ahí que la mayoría de ellos haya optado por convertir obligaciones y derechos conforme vayan venciendo. Postura cómoda pero comprensible.

¿Tenía sus formularios adaptados a la nueva moneda a 31/12/2001?

Importante, la mitad de los Ayuntamientos (quince) si los tenían. El otro cincuenta por ciento no.
Uno de los sectores más frágiles que se han visto influido por todo el proceso son los ciudadanos. Si no le facilitamos a través de esta tarea el cumplimiento de sus obligaciones poco podemos exigirles.

Quizás haya sido un aspecto descuidado por considerarse poco importante. Además hemos constatado que es una situación que también se ha producido en otras administraciones de nivel superior.

Un supuesto de menor incidencia es el de los convenios colectivos. A la pregunta de si han sido adaptados a la nueva moneda han respondido lo siguiente.

Sólo cuatro de los veintiuno que han contestado lo han hecho afirmativamente. El resto, que supone casi un ochenta por ciento, no han adaptado el contenido económico del convenio a la nueva moneda.

¿Ha revisado, si le es de aplicación, sus acuerdos de fraccionamiento y aplazamiento de pago?.

Veintiuna corporaciones han contestado esta cuestión habiendo sido sólo cuatro las que lo hayan llevado a cabo. El resto que suponen más de un ochenta por ciento no lo han hecho así.

Suponemos que el procedimiento normal en estos caso será ir convirtiendo importes conforme se vayan produciendo vencimientos, lo que consideramos que puede dar lugar a algún que otro problema con la aplicación de las reglas del redondeo.

Hemos querido hacer mención aparte con el tema de las operaciones financieras porque entendemos que su importancia así lo requiere. Le hemos dedicado una pregunta propia que decía lo siguiente: ¿Ha procedido a la formulación de los nuevos cuadros con su importe en euros o simplemente reconvierte cantidades llegado su vencimiento?

De las veinticinco corporaciones que respondieron, siete manifiestan haber procedido a la nueva formulación con cantidades a pagar en la nueva moneda. El resto, justo un setenta y dos por ciento, reconvertirá cantidades llegada la fecha.

Comprendemos que en aquellos supuestos en que la cuota sea fija será más fácil su redenominación. No sucederá así en aquellos supuestos en que la cuota sea variable.

A la pregunta "En el caso de que su Corporación tenga creadas algún tipo de sociedades ¿Ha procedido a la redenominación de su capital social adaptado a la nueva moneda?", han contestado sólo seis Ayuntamientos, generalmente de más de veinte mil habitantes, aunque haya alguno que no lo sea.

De los mismos el cincuenta por ciento si había procedido a redenominar su capital social, mientras que la otra mitad no lo había hecho.

Las dos últimas preguntas se refieren a consideraciones subjetivas sobre el estado de la adaptación y las sensaciones que este proceso ha podido generar en las entidades locales.

A la pregunta ¿Considera que su Ayuntamiento está definitivamente adaptado al euro?

Veintinueve municipios respondieron a la misma. Quince consideraron que sí y catorce que no.

Como vemos no hay una opinión uniforme. Y es que como hemos dicho anteriormente, aquí la subjetividad impera por encima de otros criterios. A lo largo de nuestra exposición hemos intentado mencionar unos criterios que puedan servir de baremo al estado en que se pueden encontrar cada Ayuntamiento en relación a este tema.