Más información pública y mayor transparencia administrativa.
Ángel Fernández Millán. Periodista y Vicepresidente de Adia (Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía).página 2 de 2 « | »
La información a publicar debe tasarse, no puede depender de la voluntad de cada entidad.
La información administrativa se niega a los ciudadanos y, también, a las otras administraciones. Hasta hace muy poco tiempo no se ha visto la necesidad urgente de abrir las bases de datos de un organismo público para que otro pueda cruzar o cotejar sus informaciones y evitar, así, situaciones de fraude o infracciones.
La información permite el control de los administrados, de los clientes de una empresa,... pero -también- el control social de la gestión pública en su conjunto. Los ciudadanos no tienen manera alguna de conocer las infracciones de la ley que se cometen con trascendencia colectiva, por lo que el principio de publicidad como elemento de disuasión del futuro infractor tampoco se aplica. Las administraciones públicas no difunden las sanciones que imponen a los particulares y a otras administraciones. El caso más reciente es la lista de las compañías aéreas no autorizadas a operar en un determinado país. Sólo Inglaterra la ha difundido. Tampoco la UE ofrece información permanente y actualizada de los incumplimientos de los respectivos gobiernos a la hora de trasponer las directivas europeas.
Pero, hay otras muchas cuyo retraso en su entrada en vigor perjudica al conjunto de la sociedad y ésta por desconocimiento no logra articular una eficaz presión social para reivindicarlas.
En Estados Unidos, hay algunos portales sostenidos por organizaciones ciudadanas que ofrecen información actualizada sobre las mentiras y los incumplimientos de promesas del Gobierno. Algo parecido habría que implantar en España.
El debate sobre a qué informaciones se puede acceder sin restricciones está abierto en todos los países democráticos. El derecho a la intimidad, a la confidencialidad de datos personales, a la presunción de inocencia, a no ser discriminado por razón de sexo, religión, orientación sexual, raza,... son inviolables, pero saber en que se gasta el presupuesto de un ayuntamiento hasta el último céntimo debe ser un derecho de todo contribuyente. Los salarios de los funcionarios también deben ser públicos (veáse la Web del Ayuntamiento de Barcelona o el sitio en Internet de la Generalitat de Cataluña), igual que el listado de los empleados de una entidad pública.
Cuando los trabajadores claman contra la precariedad laboral, la deslocalización o la inseguridad de las condiciones de trabajo, la información podría ayudar a remediar la impunidad de la mayoría de los comportamientos delictivos. Si las administraciones se lamentan de que hay pocos inspectores para controlar el cumplimiento de leyes y normativas, la obligación legal de suministrar determinados datos sobre el funcionamiento de una entidad democratizaría las herramientas de control, posibilitando una mayor eficacia administrativa.
La creciente complejidad de la gestión empresarial e institucional pide una potenciación de los mecanismos de fiscalización y evaluación de su eficacia.
Hasta ahora los poderes públicos se escudaban en que es mucha la información disponible sobre cualquier corporación: ley o decreto de creación en el boletín oficial respectivo, presupuesto anual, auditoría de los tribunales de cuentas,... pero no decían nada sobre el tiempo que hay que emplear para recopilarla. En la actualidad, el reto es que esa información esté ordenada y facilitada para su utilización práctica por los ciudadanos interesados.
No se trata de obligar al que solicita información a que peregrine de oficina en oficina, de lo que se trata es de poner en el sitio virtual de la entidad los vínculos correspondientes a los archivos que guardan la información digitalizada que se busca.
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