Más información pública y mayor transparencia administrativa.
Ángel Fernández Millán. Periodista y Vicepresidente de Adia (Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía).página 1 de 2 « | »
¿Cómo era la información pública antes de Internet? Era costosa de obtener y utilizar. Cuando se demandaba había que esperar a su remisión por correo ordinario o ir a recogerla, era lenta y se buscaba la opacidad como norma. Pero la red de redes, pese a la enorme transformación que ha supuesto en la gestión de la información, no ha terminado con la opacidad y le queda mucho para hacer realidad la ideal transparencia de las administraciones públicas.
La no transparencia es garantía de impunidad, de malas prácticas y, como mínimo, de despilfarro de recursos. En España, sólo las empresas que cotizan en bolsa están obligadas por ley a suministrar determinadas informaciones a través de sus sitios en Internet. Para el resto de las empresas no se ha legislado nada, pero tampoco se ha legislado sobre las informaciones que deberían estar obligadas a dar las distintas administraciones. Las cartas de servicios que algunas áreas de la Administración empiezan a difundir fijan pocas obligaciones informativas, porque insisten especialmente en la gestión de trámites administrativos.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en la campaña electoral del 14-M una ley que regulara la información pública, pero por ahora nadie del Gobierno se ha referido a ella.
Desde la Asociación para el Desarrollo de la Innovación en Andalucía (ADIA) se ha propuesto la elaboración de una ley orgánica que garantice el acceso a la información pública de las distintas administraciones: estatal, autónoma, provincial y local por parte de los ciudadanos. El ámbito de esta norma abarcaría también a todos los entes dependientes de la Administración: empresas públicas, fundaciones, patronatos, mancomunidades de municipios, institutos, empresas privadas con concesiones administrativas para la gestión de determinados servicios, universidades, centros de enseñanza, centros médicos,... así como a todas las empresas, profesionales autónomos y asociaciones de todo tipo registradas ante una administración pública.
Desde el poder, la norma ha sido siempre la de restringir el acceso, reservar las informaciones más valiosas con la excusa del derecho a la intimidad o de los “intereses de estado” o de la defensa del país.
Para superar esta dialéctica de cartas marcadas, planteamos la necesidad de fijar previamente los contenidos de libre acceso que deben respaldar la información pública a suministrar.
La futura Ley de Información Pública debe contemplar como escenario ideal la máxima transparencia de las organizaciones, que es también la condición para el funcionamiento del libre mercado. En el Reino Unido, todas las administraciones públicas están obligadas por ley desde el pasado mes de febrero a suministrar toda la información que generan, siempre que no afecte a la intimidad de los ciudadanos o a la seguridad del Estado.
No habría que acometer costosos estudios e investigaciones para conocer la realidad de un sector cualquiera de nuestra economía, si hubiera transparencia e información pública de las empresas que operan en nuestro país.
página 1 de 2 « | »